INTRODUCCION

La valoración del daño corporal constituye una actividad laboral creciente en España. La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y la Ley 34/2003 de 4 de noviembre de Modificación y Adaptación a la Normativa Comunitaria de la Legislación de Seguros Privados, establece el sistema de baremación para la reparación de los daños corporales, causados con motivo de la circulación de vehículos a motor. En este Baremo, se enumeran, con mayor o menor acierto científico, una serie de posibles secuelas que pertenecen por entero en su descripción y nomenclatura a la ciencia médica. En dicha ley se especifica que en la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico.

CONCEPTO DE DAÑO CORPORAL
El concepto de daño corporal resulta de la confluencia de dos perspectivas, la médica y la jurídica.

Con el nombre de daño corporal se conoce “cualquier alteración somática o psíquica que, de una forma u otra, perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o simplemente, limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya en lo orgánico, ya en lo funcional” es suficiente cualquier merma de la integridad de la biología individual, con independencia de sus repercusiones prácticas en uno o más campos de la actividad humana (M.Rodríguez, 1991).

Otro autor más recientemente (Hernández Cueto, 1997), nos lo define como “las consecuencias que un suceso traumático determinado ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona. Cuando el suceso traumático es atribuible a un tercero, éste está obligado a responder de dichas consecuencias, sean de orden penal, civil, laboral o contencioso-administrativo” .

El organismo jurisdiccional correspondiente determinará la reparación del daño, precisando para ello, la aportación de datos objetivos sobre el mismo. La actuación pericial médica pretende mostrar con la mayor exactitud posible, las consecuencias que un suceso traumático ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona.

El informe pericial médico tiene importantes y trascendentes repercusiones en los distintos órdenes judiciales. Así, en el orden penal la calificación jurídica del hecho que ha dado lugar a las lesiones y en consecuencia la posible sanción penal que de la misma se pueda derivar estará en función de que el lesionado haya requerido objetivamente para su sanidad además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Es quizás éste el concepto más controvertido por cuanto tiene distinto significado para los médicos y para los juristas.

En el campo de la responsabilidad civil derivada de delitos o faltas, es obvio señalar la trascendencia del informe pericial en la determinación de la cuantía de la posible indemnización.

Por último, en el orden laboral, son numerosos los peritajes requeridos sobre impugnación de altas médicas, reclamación de incapacidades o invalides laborales, etc.

EVOLUCION HISTÓRICA
En la valoración del daño corporal hemos pasado de una regulación legal casi inexistente a un sistema normativo sectorial y detallado, pero muy imperfecto. Tal y como indica Hernández Cueto, si la valoración de los daños personales es apasionante, precisamente lo es por su dificultad, pues persigue la inalcanzable meta de valorar y cuantificar elementos que no son mensurables en el entendimiento de que éstos, e incluso los que no lo son, resultan medidos en la práctica de forma harto discutible o simplemente desmedidos.

Aunque desde los orígenes del hombre y de la medicina ha existido la necesidad constante de realizar una adecuada evaluación del daño sufrido por un individuo con el fin de establecer la responsabilidad del culpable y determinar cuál es el castigo que debía afrontar o el pago que estaba obligado a satisfacer, la valoración médica del daño corporal no aparece como tal en la Historia hasta el siglo XVI, cuando se requiere en los códigos de una forma explícita la participación pericial médica en los procedimientos jurídicos.

En relación con la valoración que se efectúa para la fijación de indemnizaciones por el capítulo reparatorio de la responsabilidad civil, en particular, a la que surge por el uso de los automóviles, en nuestro país podemos diferenciar tres etapas de duración muy diversa.

Hay una primera etapa centenaria que se extiende hasta marzo de 1991 y cuya característica es la ausencia de regulación legal. Esta etapa se ha desarrollado bajo el manto normativo ilusorio de la reparación íntegra, concepto superindeterminado que ha dado lugar a una jurisprudencia muy dispar que ha mostrado su falta de preocupación por la dimensión cuantitativa de la valoración del daño corporal.

La enorme disparidad de los criterios ponderativos determinó el surgimiento de la idea de que había de cambiarse el sistema y baremizarse el daño corporal.

La segunda etapa, con una duración de casi cinco años, se caracteriza por la existencia de unos baremos administrativos de carácter puramente orientador. Este período intermedio se abrió con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991.

La configuración de este sistema ha estado presidida por la perspectiva macroeconómica, optándose por un criterio que pretende equilibrar razonablemente las exigencias de la justicia y las impuestas por la economía capitalista de mercado (Fernández Entralgo, 1994 ).

Durante su vigencia puede afirmarse que la mayor parte de los jueces ha prescindido de él, en cuanto a la valoración de daños y perjuicios causados por las lesiones simples y han tenido más en cuenta, las tablas relativas a la valoración de secuelas.

Su efecto principal, fue el generar una predisposición mental para establecer o al menos intentar establecer en poco tiempo, un sistema constrictivo.

Finalmente, cuando los baremos se convierten en legales y se imponen con carácter vinculante, se abre la tercera etapa, en la que nos encontramos desde el día 10 de noviembre de 1995.

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